El modelo latinoamericano: cuando la aviación civil estudia los UAPThe Latin American model: when civil aviation studies UAP

La historia institucional del fenómeno UAP que más se cuenta es la estadounidense, y es una historia de secreto: Project Sign y su 'Estimate of the Situation' archivado, el Robertson Panel recomendando desacreditar, Blue Book cerrando el tema en 1969, y medio siglo de silencio roto recién en 2017. Es un arco de ocultamiento y filtración. Pero no es el único modelo posible, y el corpus deja ver otro con nitidez: el latinoamericano, donde el Estado no escondió el problema sino que lo delegó en sus organismos de aviación.

La diferencia es de encuadre. En Estados Unidos el fenómeno fue tratado como un asunto de inteligencia y defensa —algo a clasificar—. En Sudamérica, una y otra vez, se trató como un asunto de seguridad aérea: si los pilotos y los radares reportan objetos no identificados en el espacio aéreo nacional, eso es, antes que nada, un problema operativo de la aviación. Esa lectura, menos cargada ideológicamente, abrió la puerta a comisiones oficiales que investigan a cara descubierta.

Chile es el caso más claro. En 1997 la Dirección General de Aeronáutica Civil, junto a la Fuerza Aérea, creó la CEFAA (Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos), un organismo que recibe reportes, los analiza con meteorólogos, controladores y oficiales, y publica conclusiones —incluida la de 'no identificado' cuando corresponde—. Es una institución de aviación civil haciendo metodología sobre el fenómeno, no una oficina de inteligencia gestionando su silencio.

Uruguay llegó antes. En 1979, tras una serie de reportes que incluyeron el de la tripulación de un vuelo de PLUNA escoltado por una luz, la Fuerza Aérea Uruguaya creó la CRIDOVNI (Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores no Identificados), que sigue activa décadas después bajo mando militar. Argentina formalizó su propio órgano, el CIAE, dentro de la Fuerza Aérea; y Perú, tras años de avistamientos sobre instalaciones militares, institucionalizó la investigación en la OIFAA de la FAP. Cuatro Estados vecinos, cuatro comisiones aeronáuticas oficiales.

Brasil es una variante del mismo patrón con un giro documental. La Fuerza Aérea Brasileña investigó casos célebres —la Operação Prato en Colares (1977), la 'Noche Oficial de los OVNIs' de 1986 cuando cazas persiguieron objetos sobre el sudeste—, y la presión civil de campañas como 'UFOs: Liberdade de Informação Já' llevó a la apertura de miles de páginas de archivos militares al Archivo Nacional. No es transparencia perfecta, pero es un flujo de desclasificación por vía administrativa ordinaria, no por filtración.

Lo interesante para un corpus que intenta calibrar evidencia es que este modelo produce un tipo de dato distinto. Un avistamiento procesado por la CEFAA o la CRIDOVNI llega con cadena de custodia institucional: hora, radar si lo hubo, testimonio de personal de aviación, y un dictamen. No garantiza que el objeto sea anómalo —muchos se resuelven como globos, reentradas o tráfico—, pero garantiza que el reporte fue tratado con método y no enterrado. Cuando uno de esos casos sobrevive el filtro y queda 'no identificado', el verdicto pesa más precisamente porque vino de quienes tenían el incentivo y la competencia para explicarlo.

También conviene no idealizar. Estas comisiones son pequeñas, dependen de presupuestos y voluntades cambiantes, y su apertura convive con episodios de reserva. El piloto peruano Óscar Santa María Huertas disparó 64 proyectiles contra un objeto sobre la base de La Joya en 1980 sin que existiera entonces una OIFAA que sistematizara el caso; la institucionalización llegó después. El modelo latinoamericano no es una utopía de transparencia: es una tradición administrativa, irregular pero real, de tratar el fenómeno como lo que operativamente es —tráfico no identificado en espacio soberano— en lugar de como un secreto a custodiar.

Visto en conjunto, el contraste es la lección. La desclasificación estadounidense de 2025-2026 —PURSUE, el portal war.gov/ufo, la presión legislativa— es presentada como un giro histórico hacia la transparencia. Y lo es, para Estados Unidos. Pero varios países sudamericanos llevaban cuarenta años haciendo, a su escala y a su manera, algo que el modelo del secreto recién está descubriendo: que un fenómeno reportado en el espacio aéreo se estudia mejor a la luz que en la oscuridad.

The institutional history of the UAP phenomenon that gets told most is the American one, and it is a history of secrecy: Project Sign and its shelved 'Estimate of the Situation,' the Robertson Panel recommending debunking, Blue Book closing the subject in 1969, and half a century of silence broken only in 2017. It is an arc of concealment and leak. But it is not the only possible model, and the corpus reveals another clearly: the Latin American one, where the state did not hide the problem but delegated it to its aviation bodies.

The difference is one of framing. In the United States the phenomenon was treated as a matter of intelligence and defense —something to classify. In South America, again and again, it was treated as a matter of air safety: if pilots and radars report unidentified objects in national airspace, that is, first of all, an operational aviation problem. That reading, less ideologically loaded, opened the door to official commissions that investigate openly.

Chile is the clearest case. In 1997 the Directorate General of Civil Aviation, together with the Air Force, created the CEFAA (Committee for the Study of Anomalous Aerial Phenomena), a body that receives reports, analyzes them with meteorologists, controllers and officers, and publishes conclusions —including 'unidentified' when warranted. It is a civil-aviation institution doing methodology on the phenomenon, not an intelligence office managing its silence.

Uruguay got there earlier. In 1979, after a series of reports including one from the crew of a PLUNA flight escorted by a light, the Uruguayan Air Force created CRIDOVNI (Commission for the Reception and Investigation of Reports of Unidentified Flying Objects), still active decades later under military command. Argentina formalized its own body, the CIAE, within the Air Force; and Peru, after years of sightings over military installations, institutionalized the investigation in the FAP's OIFAA. Four neighboring states, four official aviation commissions.

Brazil is a variant of the same pattern with a documentary twist. The Brazilian Air Force investigated famous cases —Operação Prato in Colares (1977), the 'Official UFO Night' of 1986 when fighters chased objects over the southeast— and civilian pressure from campaigns like 'UFOs: Freedom of Information Now' led to the release of thousands of pages of military files to the National Archives. It is not perfect transparency, but it is a flow of declassification through ordinary administrative channels, not through leaks.

What is interesting for a corpus trying to calibrate evidence is that this model produces a different kind of datum. A sighting processed by CEFAA or CRIDOVNI arrives with an institutional chain of custody: time, radar if any, testimony from aviation personnel, and a ruling. It does not guarantee the object is anomalous —many resolve as balloons, reentries or traffic— but it guarantees the report was handled with method and not buried. When one of those cases survives the filter and stays 'unidentified,' the verdict weighs more precisely because it came from those with the incentive and the competence to explain it.

It is also wise not to idealize. These commissions are small, depend on shifting budgets and wills, and their openness coexists with episodes of reticence. Peruvian pilot Óscar Santa María Huertas fired 64 rounds at an object over La Joya air base in 1980 with no OIFAA then existing to systematize the case; institutionalization came later. The Latin American model is not a utopia of transparency: it is an administrative tradition, irregular but real, of treating the phenomenon as what it operationally is —unidentified traffic in sovereign airspace— rather than as a secret to guard.

Seen together, the contrast is the lesson. The U.S. declassification of 2025-2026 —PURSUE, the war.gov/ufo portal, the legislative pressure— is presented as a historic turn toward transparency. And it is, for the United States. But several South American countries had spent forty years doing, at their scale and in their way, something the secrecy model is only now discovering: that a phenomenon reported in airspace is better studied in the light than in the dark.