Estados Unidos.Exención legal del Departamento de Guerra · el canal del denunciante se abre hacia adentro (14 sep 2026)

El 14 de septiembre de 2026, el Departamento de Guerra de Estados Unidos emitió una exención legal dirigida —«targeted legal waiver»— que autoriza a personal propio a entregar información clasificada sobre fenómenos anómalos no identificados a los representantes oficiales de PURSUE, el programa de desclasificación de la Casa Blanca cuyo nombre completo es Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. El anuncio se publicó como comunicado del departamento y lo recogió ese mismo día DefenseScoop, publicación especializada en tecnología de defensa. Es el primer instrumento concreto que sale de la corriente de protección a denunciantes que este corpus venía siguiendo como promesa (↗).

El alcance declarado es amplio en las personas y estrecho en el destino. Cubre a «todos los miembros del servicio, personal civil y contratistas, actuales y anteriores, del Departamento de Guerra que tengan o hayan tenido acceso a Información de Defensa Nacional relacionada con UAP». Lo que la exención levanta son «las disposiciones de aplicación civil y administrativa contenidas en los Acuerdos de No Divulgación (NDA) y en los Acuerdos de Indoctrinación de Programas de Acceso Especial (SAPIA)». En la formulación que citan los medios que reprodujeron el comunicado: la exención «elimina esas barreras al autorizar explícitamente las divulgaciones cubiertas a los representantes de PURSUE sin activar penalizaciones por incumplimiento de acuerdo ni violaciones estándar de NDA».

Lo que la exención no hace importa tanto como lo que hace, y el propio departamento lo acota. No autoriza divulgación pública irrestricta: se aplica estrictamente a las comunicaciones dirigidas a representantes oficiales de PURSUE. No debe interpretarse, en palabras de la cobertura, como permiso para publicar información clasificada sobre UAP, entregarla indiscriminadamente a la prensa o difundirla en redes sociales. Y lo que se entregue sigue sometido a revisión, evaluación de seguridad y eventual desclasificación antes de cualquier difusión pública. Sobre todo, no establece inmunidad general frente a responsabilidad penal: el anuncio no aborda los estatutos criminales, de modo que la Ley de Espionaje y las figuras asociadas quedan intactas.

Marik von Rennenkampff, ex funcionario del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa, fue quien señaló públicamente los huecos con más precisión. La exención cubre al Departamento de Guerra pero no a la Comunidad de Inteligencia, que es donde buena parte de las alegaciones sitúa los programas; no es retroactiva, así que no ampara divulgaciones anteriores; y una exención separada para la Comunidad de Inteligencia estaría, según él, en camino. El propio término que el instrumento emplea —protección frente a persecución administrativa— describe el perímetro real: pérdida de habilitación, medidas disciplinarias, consecuencias de empleo. No la cárcel.

Queda un vacío operativo que ningún medio consiguió cerrar: los portavoces del Pentágono declinaron identificar quiénes son los representantes de PURSUE y no respondieron a las preguntas de DefenseScoop al respecto. La exención abre un canal cuyo extremo receptor no tiene nombre público. Tampoco se ha publicado procedimiento de contacto, fecha de caducidad ni la firma del instrumento. Desde el ecosistema de divulgación la recepción fue favorable: Jordan Flowers, director ejecutivo de la Disclosure Foundation, lo llamó «un paso significativo hacia el establecimiento de los hechos y hacia la transparencia y la rendición de cuentas».

Una nota de procedencia que este expediente declara en vez de disimular: el texto oficial completo no se ha podido leer. El comunicado vive en el sitio del departamento bajo el identificador de artículo 4600020, y ese dominio responde 403 desde el entorno donde se compiló esta ficha, con y sin agente de navegador; tampoco existe captura en el Internet Archive. Lo que sí se ha verificado es que la redacción operativa —el alcance de personas, la fórmula de las disposiciones civiles y administrativas, la mención de NDA y SAPIA, la restricción a representantes de PURSUE— aparece idéntica en cuatro reproducciones independientes. Lo que permanece sin verificar es el detalle fino: quién firma, si hay caducidad y cómo se contacta al canal.