Estados Unidos.Ola de mutilaciones de ganado en Nuevo México (Dulce)

Entre 1975 y 1979, ganaderos de Nuevo México empezaron a encontrar reses muertas a las que les faltaban la lengua, una oreja, un ojo, la ubre, los genitales o el recto, a menudo sin sangre visible alrededor. Las primeras denuncias llegaron en 1975 desde las llanuras del este del estado (Clayton, Raton, Tucumcari, Springer), y la Junta Ganadera de Nuevo México pidió ayuda al Laboratorio Científico de Los Álamos para determinar la causa de las muertes. La lista de la propia Junta, incluida después en el expediente del FBI, registra unos 25 casos de agosto de 1975 a septiembre de 1976, con anotaciones como «huellas de coyotes (o perros)» o «ninguna» en la casilla de rastros. Desde 1976 el foco se desplazó al norte, al condado de Río Arriba, y en especial a Dulce, junto a la reserva apache jicarilla.

El caso que fijó el patrón empezó la noche del 13 de junio de 1976, cuando Manuel Gómez avisó de una vaca muerta en su rancho, a 13 millas al este de Dulce según el informe policial; el agente de la Policía Estatal Gabe Valdez la examinó a la mañana siguiente y describió una vaca de tres años sin la oreja izquierda, la lengua, la ubre ni el recto, extirpados con lo que «parecía un instrumento afilado y preciso», y un rastro de marcas circulares en trípode, de unas 4 pulgadas de diámetro, que seguía a la vaca unos 600 pies. Según su informe, el laboratorio de la Policía Estatal y la oficina del médico forense analizaron muestras de piel e informaron de que se había cortado con un instrumento afilado. Anotó además una sustancia amarilla y aceitosa que ningún laboratorio llegó a identificar y unas lecturas de radiación del doble del fondo normal, tomadas tres días después por Howard Burgess, científico jubilado de Sandia. Escribió además que «las marcas del trípode habían vuelto y retirado la oreja izquierda», intacta cuando Gómez halló el animal. Su informe atribuía las mutilaciones a una operación «sofisticada y secreta», no a sectas ni a depredadores. La segunda oleada llegó en 1978: un toro de once meses de Gómez el 24 de abril, con el hígado «blanco y blando»; varias vacas en mayo con patas que Valdez dio por fracturadas y marcas que leyó como abrazaderas; y otra vaca de Gómez el 14 de junio. Los Álamos examinó tejido del toro y respondió el 9 de mayo de 1978 que el cultivo del corazón dio Clostridium, pero que la posible contaminación impedía concluir que la infección fuera la causa de la muerte; según Rommel, el científico que hizo la prueba opinó de manera informal que el animal probablemente murió de carbunco sintomático. En julio, Valdez y Burgess pasaron unas 70 reses de Gómez bajo luz ultravioleta y hallaron una sustancia fluorescente en cinco de ellas; según Rommel, ninguna de las marcadas apareció mutilada después.

La presión política creció a la vez. Gómez escribió al senador Harrison Schmitt, que en diciembre de 1978 pidió al fiscal general Griffin Bell reabrir una investigación federal. Un memorando de su oficina contaba, con datos de Valdez, 65 mutilaciones de ganado y seis de caballos en Nuevo México desde 1975, 45 de ellas en 1978, ocho en la reserva jicarilla y siete en el pueblo de Santa Clara (el recuento posterior de Rommel, con informes de la Junta Ganadera, la Policía Estatal y la prensa, daría 90 casos de 1975 a mayo de 1979, 30 de ellos en 1978 y 26 en todo el condado de Río Arriba). El mismo memorando recogía el caso del 29 de enero de 1979 en el condado de Torrance: el sargento que lo encontró dijo que el novillo seguía lo bastante caliente como para derretir la nieve alrededor y que le habían retirado el escroto y el pene «con precisión quirúrgica». Como solo los casos en tierras indígenas daban jurisdicción federal, el Departamento de Justicia encargó al FBI en marzo de 1979 investigar esas quince. Según el FBI de Albuquerque, Valdez sostenía que se trataba de una operación clandestina de la CIA o del Departamento de Energía ligada a la guerra biológica. Según el Albuquerque Journal, el 8 de abril de 1979 dos agentes de la policía tribal jicarilla vieron una aeronave suspendida a unos 50 pies del suelo con un foco sobre el ganado, y un policía de Dulce la vio después. El 20 de abril, Schmitt y el fiscal federal R. E. Thompson reunieron en Albuquerque a unas 180 personas. Valdez habló de 90 reses y seis caballos muertos en tres años; Gómez, de seis animales; el veterinario forense Richard Prine, de Los Álamos, atribuyó los casos que había examinado a depredadores; y el investigador Carl Whiteside, del Buró de Investigación de Colorado, contó que de 203 denuncias en su estado solo 19 cadáveres llegaron lo bastante frescos al laboratorio, que en nueve vio mutilación deliberada y que dos de esas resultaron obra de bromistas.

El 24 de abril de 1979 la Administración de Asistencia a las Fuerzas del Orden (LEAA) concedió 44.170 dólares a la Fiscalía del Primer Distrito Judicial, y el exagente del FBI Kenneth Rommel dirigió la investigación del 28 de mayo de 1979 al 27 de mayo de 1980. El FBI, por su parte, escribió en abril de 1979 que los cadáveres de los quince casos habían sido destruidos, y en enero de 1980 que esas denuncias, todas de 1978 y aunque rodeadas de circunstancias sospechosas, no permitían determinar con certeza que los animales hubieran sido mutilados, porque ninguna agencia había conservado pruebas ni redactado informes completos; cerró su expediente en diciembre de 1979. El 15 de abril de 1980 Rommel adelantó en rueda de prensa que la causa era «la Madre Naturaleza, actuando como la gran ecóloga»; su informe de junio, «Operation Animal Mutilation», revisó 90 casos anteriores y 27 nuevos y concluyó que ninguno podía confirmarse como mutilación «clásica». En la rueda de prensa admitió que en «menos de 25 casos» podía haber intervenido una mano humana, con cortes hechos siempre después de la muerte del animal, y Schmitt declaró que las conclusiones no le satisfacían y que pediría al Departamento de Justicia seguir investigando.